El pasado 14 de diciembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el “Informe sobre medidas para la lucha contra las actividades vulneradoras de los Derechos de Propiedad Industrial«.
El informe pone en contexto todas las dimensiones que el fenómeno de las falsificaciones acaba generando en muchos aspectos de nuestro entorno económico, fiscal, laboral, reputacional o de salud y seguridad. Por poner solo algunas cifras, se observa que en España el impacto sigue siendo, en términos relativos, más importante que en la media de la UE, con más de 40.000 empleos directos o 15.000 millones de euros en ingresos fiscales y contribuciones a la Seguridad Social al año.
El Ministerio de Industria y Comercio está trabajando en la elaboración del Plan Nacional de Lucha Contra la Falsificación 2019-2020, que abordará el problema en cuatro ejes: coordinación entre administraciones, regulación, formación y concienciación, y análisis de la situación.
