55.000 millones de € en pérdidas anuales en ventas, casi 500.000 puestos de trabajo y 110€ por cada ciudadano de la UE son las magnitudes que arroja el último Informe del Observatorio Europeo de vulneraciones de Derechos de Propiedad Intelectual. En el ámbito estatal, esas cifras se redimensionan en 6.700 millones de Euros, unos 50.000 empleos anuales y 146 € por español al año.
Detrás de todo este nada despreciable baile de cifras se encuentra la lucrativa industria de la falsificación y la piratería sobre la cual, como se señala, está extendiendo ya sus tentáculos el crimen organizado internacional en detrimento de otras actividades que les eran más propias.
El impacto de esta lacra está centrado en tres grandes sectores industriales: prendas de vestir, cosméticos y smartphones, con porcentajes sobre el total de pérdidas que oscilan entre el 10 y el 15%; y seguidos de cerca por los vinos y espirituosos con el 8%. Pero también se observa con preocupación el incremento que está experimentando el tráfico de medicamentos falsificados que, ni que decir tiene, son a su vez fuente de potenciales afectaciones para la salud pública.
La falsificación de marcas, de diseños industriales o de patentes parece imparable. Según los datos de EUROSTAT, en el quinquenio 2013-2017 solo un 0,08% del total de mercancía ilegítima fue intervenida. Todo ello es consecuencia de la acumulación de tres factores:
-La baja percepción social del hecho ilícito, cuando no su aceptación.
-Los bajos precios de estos productos comparados con los genuinos.
-La facilidad de acceso y -añadiría- el cierto anonimato que permite internet.
A mi entender, el más complejo de abordar es el primero; con una vertiente sociológica clara, que dificulta en gran medida que se genere un grado de alarma y reproche general lo suficientemente relevante como para articular una respuesta política y legal más eficiente. Es obvio que este factor no es ajeno al bajo promedio de condenas a privación de libertad o en indemnizaciones por daños para los autores de estos ilícitos.
No olvidemos que son ya muchos los años en los que estamos asistiendo, en medios y redes sociales, a la configuración de un estado de opinión publicada en el que los derechos de propiedad industrial e intelectual se presentan como un tema de intereses creados por las grandes corporaciones que durante años han disfrutado de amplios márgenes de negocio y que la globalización e internet quiebran.
Esta simplificación, basada en un falso mito de corrección política, casi, se sobreentiende, de justicia social contra el poder de las corporaciones, olvida que un 99% del tejido empresarial europeo es PYME, el verdadero motor de nuestra economía, lo que en última instancia lo convierte también en el mayor perjudicado de los impactos aquí expuestos.
Todo este impacto negativo no se agota únicamente en la dimensión económica, sino también en la reputacional sobre las marcas genuinas, que a través de los canales de internet se ven afectadas por un Benchmarking Negativo, fruto de la vinculación generada por sitios ilegales con publicidad pornográfica, de apuestas on-line o software malicioso.
El contrapeso a todo esto es la propia percepción ciudadana de la UE que, de manera muy mayoritaria, valora la aportación a la innovación y creación de riqueza de los productos genuinos. El reto parece ser, pues, cómo la convertimos en motor de cambio en todas las instancias de esta perversa inercia. Mientras tanto, ¡Malditos todos!
Artículo de Joan Salvà
