Durante los últimos años, las oficinas internacionales de propiedad industrial (la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual, la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual y la Asociación Europea de Titulares de Marcas (MARQUES)) han aunado esfuerzos para combatir diferentes tipos de prácticas fraudulentas llevadas a cabo por terceros y dirigidas a reclamar pagos a los titulares de registros por derechos de mantenimiento o renovaciones sin ningún valor oficial.
La primera victoria judicial se ha producido en Suecia, donde el pasado 20 de diciembre, el Tribunal de Apelación de Estocolmo condenó, por un delito de fraude, a diferentes penas de entre dos y cuatro años y ocho meses de prisión a más de 20 personas involucradas en el envío y cobro de centenares de facturas falsas a solicitantes de marcas de la Unión Europea en varios países de la Unión Europea. El tribunal tuvo en consideración no solo la organización, el volumen y la planificación de la estafa, sino también el hecho de que las facturas falsas parecían proceder de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO).
La asociación MARQUES y la EUIPO han colaborado estrechamente con el fiscal sueco en la investigación de este delito.