Con la situación de emergencia provocada por la pandemia global de la Covid-19 y la necesidad de desarrollar vacunas y tratamientos efectivos y accesibles a la población a escala mundial, los derechos de propiedad industrial, y en especial las patentes, se encuentran actualmente en el punto de mira.
Las patentes, en condiciones normales de mercado, como instrumentos para incentivar la innovación proporcionan varias opciones a sus titulares, como la posibilidad de impedir a terceros la explotación de las tecnologías bajo protección u ofrecer su licencia a otras empresas a cambio de royalties o regalías, permitiéndoles rentabilizar sus inversiones en I+D y a su vez continuar el desarrollo de nuevos productos de valor añadido, impulsando el círculo virtuoso de la innovación.
Sin embargo, en el estado de emergencia en el que se encuentran la mayoría de países del mundo, los temores se centran en que el ejercicio de dichas facultades que le corresponden al titular de una patente, de manera legítima y con efectos positivos para la economía en circunstancias normales, puedan entorpecer la lucha contra el coronavirus, aumentando el impacto negativo macroeconómico y la ralentización de la recuperación. Así, ya son varios los gobiernos, como los de Israel, Francia o Alemania, que están empezando a prever la aplicación de medidas extraordinarias, como las licencias obligatorias, para evitar que los derechos de propiedad industrial o patentes relacionados con tratamientos o medios para combatir la Covid-19, existentes o que se desarrollen en el futuro, no sean un obstáculo potencial para que los ciudadanos puedan acceder a ellos.
En esta misma dirección, la Organización Mundial de la Salud ha dado apoyo público a una iniciativa del gobierno de Costa Rica para la creación de un pool o banco de patentes, con el objetivo de evitar que la población de los países más pobres quede atrás en el acceso a los tratamientos de la Covid-19.
Por su parte, la industria al gestionar este asunto se enfrenta a un doble dilema, reputacional y de índole económica. Si bien algunas empresas del sector farmacéutico están ofreciendo acceso a sus derechos de PI, acotando su uso a la erradicación de la pandemia, asociaciones representativas del sector ponen en duda que un ofrecimiento general sin restricciones a patentes sirva para combatir eficazmente el virus, recomendando que se estudie la situación concreta caso por caso.
A nivel de la Unión Europea, algunos gobiernos europeos están reclamando, con diferentes enfoques, una reacción concertada a esta situación. Así mientras el gobierno griego ha propuesto la creación de un fondo para adquirir derechos de patentes relacionados con el tratamiento de la Covid-19, Pedro Duque, Ministro de Ciencia e Innovación del Gobierno de España ha pedido que la UE contribuya e invierta en la creación de un fondo para la investigación y desarrollo de tratamientos y su protección mediante patentes, de modo que se garantice su acceso a la población de la UE.
La última iniciativa privada conjunta al respecto es el Open Covid Pledge, impulsado por varios abogados y expertos en propiedad industrial, y a la que ya se han sumado gigantes del sector TIC como Facebook, IBM, Amazon o Microsoft, que ponen a disposición, entre otras, sus tecnologías de inteligencia artificial y Big Data para encontrar vacunas y tratamientos eficaces contra el coronavirus.