El jueves 21 de febrero de 2019 se ha publicado en el BOE la Ley de Secretos Empresariales. Esta norma refuerza el carácter patrimonial y confidencial de toda la información que a nivel competitivo sea sensible para la empresa y que no esté cubierta por alguna modalidad de protección registral (patentes, marcas o diseños). Con esta disposición, nuestro ordenamiento cumple con el mandato de la Directiva UE 2016/943 de Secretos Comerciales y perfila de una manera mucho más clara qué se puede considerar confidencial, cómo se instrumentaliza a nivel interno y externo dicho carácter, así como los mecanismos de su tutela jurídica.
Hasta ahora, este activo de vital importancia para la competitividad empresarial era objeto de un tratamiento disperso, cuando no deficitario. El mismo ejercicio de las acciones de tutela comportaba en muchos casos un riesgo serio de divulgación del secreto en sede judicial y ello generaba un efecto disuasorio en los afectados por una violación de este tipo. La nueva normativa refuerza, en sede judicial y más allá de la conclusión del procedimiento, el acceso que terceros puedan tener a esa información como resultado del mismo, a la vez que dota a nuestro sistema de Propiedad Industrial de un instrumento complementario de alto valor en la persecución de la copia o la infracción de derechos.
